El gobierno de Irlanda ha presentado una demanda formal contra Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuestionando la legalidad de una nueva ley británica destinada a juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto en Irlanda del Norte. Esta ley, que fue promulgada en septiembre de 2023, establece una amnistía para aquellos que proporcionen información sobre los hechos ocurridos durante el violento periodo conocido como Los Problemas.
Discusión entre Dublín y la legislación británica
Dublín considera que la legislación británica viola varios derechos fundamentales protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. El gobierno irlandés solicita al TEDH que emita una resolución en virtud de un mecanismo que permite que los países presenten demandas entre sí por la vulneración de estos derechos.
En su presentación ante el tribunal, Irlanda argumenta que la ley infringe los derechos a la vida, a un juicio justo y a la reparación efectiva. También señala que la legislación contraviene principios fundamentales como la prohibición de la discriminación y de la tortura o tratos inhumanos y degradantes, según un comunicado emitido por el TEDH.
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es la creación de una comisión independiente encargada de investigar las muertes ocurridas durante el conflicto, que dejó más de 3.500 víctimas entre 1968 y 1998, cuando se firmaron los Acuerdos de Viernes Santo. Sin embargo, el aspecto más polémico es que la ley establece una amnistía para aquellos que, a cambio de proporcionar información relevante, hayan participado en actos de violencia durante el conflicto. Esto ha generado críticas, ya que la amnistía excluye la posibilidad de que se abran nuevas investigaciones o se presenten nuevas demandas civiles sobre los crímenes ocurridos en ese periodo.
¿Qué busca está ley?
La ley británica, inspirada en la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, busca dar cierre a los casos de violencia, pero el gobierno irlandés sostiene que esta medida podría permitir que los responsables de crímenes graves eviten la justicia. Además, la creación de la comisión podría sustituir los actuales mecanismos de recopilación de información, que Irlanda considera insuficientes para garantizar una reparación justa a las víctimas.
El conflicto de Irlanda del Norte, que se prolongó durante tres décadas, involucró a fuerzas británicas, paramilitares republicanos y unionistas, y dejó una profunda huella en la región. La ley británica busca, según sus promotores, aportar un enfoque más conciliador y cerrar una herida histórica. No obstante, ha generado un fuerte rechazo, especialmente entre aquellos que consideran que la amnistía otorgada a los perpetradores no ofrece justicia a las víctimas.
